El juez Pablo Ruz comenzó ayer a traducir los documentos de Bárcenas al Código Penal. El magistrado de la Audiencia Nacional ha reclamado sendos informes a Hacienda y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que comprueben si de la supuesta contabilidad B del PP se desprenden delitos fiscales y cohechos.
El juez abre su resolución explicando que, puesto que ya cuenta con toda la documentación reclamada a Hacienda sobre el PP y sus supuestos donantes, los peritos pueden empezar a cotejarla con «las anotaciones contables y documentación auxiliar aportada a la causa por el imputado señor Bárcenas». Es decir, con lo que el ex tesorero desveló o ratificó en su última declaración.
Ruz reclama a los peritos que examinen la actuación fiscal del PP como partido y de quienes aparecen como perceptores de dinero negro a partir de 2007 –una lista que incluye a Rajoy, Cospedal, Arenas y Acebes–, así como que busquen vinculaciones entre los donativos a Génova y las adjudicaciones de la Administración.
El magistrado pide a los expertos de Hacienda que determinen «las contingencias tributarias» que se desprendan de los documentos de Bárcenas «y si las mismas tienen trascendencia jurídico penal». Es decir, si pueden suponer un delito fiscal. El Código Penal fija un mínimo de 120.000 euros defraudados en un ejercicio para considerar que existe delito. Por debajo de esa cantidad, se trataría de una infracción administrativa.
El informe que reclama a Hacienda se bifurca en el análisis de la actuación del propio PP, por un lado, y de quienes supuestamente recibieron dinero negro. En ambos casos el juez precisa que sólo deben examinarse los ejercicios fiscales de 2007 en adelante, ya que todo lo anterior estaría prescrito.
Sobre la actuación del PP, quiere que la Agencia Tributaria informe sobre las «obligaciones fiscales» que podría haber incumplido del partido respecto al Impuesto de Sociedades y retenciones de IRPF. Quiere que los peritos precisen qué cuotas se habrían defraudado.
Según los informes de la Udef, en 2007 entraron en Génova 542.000 euros en negro y salieron 319.000, la mayor parte en sobresueldos. En 2008, año de elecciones, entraron 1.105.000 euros y salieron 1.464.712.
En cuanto a los perceptores, el magistrado pide conclusiones sobre las «obligaciones fiscales de las personas físicas y jurídicas supuestamente perceptoras de rentas de la denominada caja B del Partido Popular». De nuevo reclama que se precisen las cuotas, debiendo añadir el informe un apartado sobre el pago del IVA.
Conforme a los originales presentados por Bárcenas esta semana, entre los perceptores del periodo investigado se encuentran Mariano Rajoy (al que como aforado Ruz no podría investigar directamente), María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Ángel Acebes. El presidente del Gobierno se llevó 25.200 euros en 2007 y otro tanto en 2008 (el cálculo era de 2.100 euros al mes). Este último año también aparecen 11.800 euros de gastos para «trajes de M.R.» y otros 2.400 junto al concepto «Regul. M. Raj 2º Semestre 400 x 6». En la hoja contable correspondiente a 2007 aparece una «entrega» de 30.000 euros a Arenas. En cuanto a Acebes, los papeles indican que cobró los mismos 25.200 de Rajoy en 2007, pero sólo la mitad en 2008. En el segundo semestre, coincidiendo con su salida como secretario general, ya no recibe sobresueldos.
Quien toma su lugar tanto en el partido como en los papeles es Cospedal. En 2008 hay dos anotaciones del entonces tesorero que reflejan el pago de 15.000 euros por el segundo semestre, lo que supone que ha habido una subida de sobresueldos. Ahí se entiende la anotación «Regul. M. Raj» ya mencionada: con esos 2.400 euros de propina, Rajoy también llega a los 15.000 semestrales.
Las cantidades que habrían defraudado cualquiera de ellos al no declarar esos ingresos están, evidentemente, muy lejos del delito fiscal. El fraude tampoco se podría perseguir administrativamente, porque esa vía ya está prescrita para 2007 y, posiblemente, para 2008.
Al margen de los documentos entregados al juez, Bárcenas hizo referencia en su declaración a otros pagos a Rajoy y Cospedal en 2009 y 2010 de los que no dio soporte documental. Cada uno habría percibido de mano del ex tesorero otros 45.000 euros. Es posible que este dato no se refleje en el informe de Hacienda, ya que el juez ha pedido que se base en los documentos.
La redacción de la resolución parece dar por supuesto que los peritos no detectarán delito fiscal en los perceptores de fondos... con una excepción. Ruz pide que el informe se fije especialmente en lo que respecta al «identificado como Gonzalo Urquijo y la mercantil Unifica Servicios Integrales». Se trata del arquitecto que preside esa firma, encargada de la reforma de la sede central del PP. Una reforma que, según los papeles de Bárcenas, se habría pagado en parte con dinero negro. Y aquí las cifras sí son elevadas: en 2008 constan pagos atribuibles a Urquijo por un total de 888.000 euros.
La segunda petición de Ruz, dirigida a la IGAE, busca indicios de cohecho en el seno del PP. El magistrado quiere que la Intervención examine «las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el Partido Popular a través de los imputados Sr. Lapuerta y Sr. Bárcenas e incluidas en las denominada ‘contabilidad B’ de dicha formación», y que compruebe si esas donaciones guardan relación «con adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiarios» las constructoras cuyos responsables están imputados en la causa. La Udef ya hizo un informe similar con resultados poco reveladores.
El juez concluye este apartado de su densísima providencia advirtiendo que recibirá los informes «sin perjuicio de la ulterior valoración que procede realizar en sede instructora». Es decir, recordando que lo relevante no son las conclusiones que consten en los informes, sino las que él mismo extraiga de ellos. La resolución de ayer no aborda otros posibles delitos recogidos en los documentos de Bárcenas, como el delito contable o el delito electoral.
El juez centra un segundo folio de la resolución en la testificales solicitadas por diversas acusaciones. Ruz acuerda reclamar el parecer de la Fiscalía sobre la procedencia de citar como testigo a Mariano Rajoy y a numerosos altos cargos o ex altos cargos del PP: Cospedal, Rato, Arenas, Mayor Oreja, Álvarez Cascos, Trillo, Acebes...
Hace unos días, Anticorrupción pidió que se citara a declarar a Cospedal como testigo, dado su puesto de secretaria general en el periodo investigado. El juez aún no se ha pronunciado y explica que lo hará cuando el fiscal se pronuncie sobre todas las testificales reclamadas.